Monterrey pone en evidencia la necesidad de una voz consensuada de los Gobiernos de países pobres y ricos, sociedad civil y donantes, para dar un rumbo del desarrollo

Representantes de 170 países y 64 jefes de estado se reunieron del 18 al 22 de marzo en Monterrey (México) para asistir a la Conferencia de la ONU sobre Financiación para el Desarrollo. Un encuentro cuyo mandato era el de promover la cooperación internacional para la movilización de recursos nacionales, aumentar la inversión privada e internacional e incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo. Se trataba de una cita difícil, anticipada por un prolongado preludio en el que lo único que parecía claro eran las diferencias existentes entre países pobres y ricos, EEUU y Europa, el sector privado y las ONGs en sus respectivas visiones sobre las prioridades que debe afrontar el desarrollo.

El secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, había sido contundente en repetidas ocasiones al declarar sus expectativas para la cumbre: "para poder afrontar los retos de la Cumbre del Milenio es necesario duplicar la Ayuda Oficial al Desarrollo, llevándola desde los actuales 50 billones de dólares por año hasta 100 billones anuales". Cifra que sigue estando muy lejos del volumen de ayuda actual y del 0,7% del Producto Interior Bruto que los países desarrollados se comprometieron a destinar a la cooperación hace algunas décadas en el seno de Naciones Unidas. Sólo cinco países (Noruega, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Luxemburgo) han alcanzado este umbral. La Unión Europea comprometió en la pasada cumbre de marzo en Barcelona destinar el 0,39% de su PIB a Ayuda Oficial al Desarrollo. EEUU, cuyo Gobierno prometió en Monterrey un incremento de 10 billones de dólares durante los próximos tres años en su ayuda oficial, destina actualmente el 0,11% de su PIB a la cooperación.

Pero más allá del baile de cifras, la conferencia de Monterrey tuvo que hacer frente a una delicada agenda cuyos puntos tienen perspectivas completamente diferentes según vengan de la sociedad civil, de los Gobiernos de países ricos, los del G-77 o las agencias de Naciones Unidas. Se trata de determinar cuál es el papel que debe jugar y cómo cada uno de los componentes de la financiación del desarrollo: recursos domésticos, inversión extranjera, comercio internacional, deuda externa y ayuda oficial.

Esta disparidad de visiones ha quedado reflejada, dealguna manera, en el documento final de la Conferencia: el Consenso de Monterrey, negociado durante meses y aprobado antes del comienzo del evento, es un texto que la prensa internacional no ha dudado en definir como "más proclive a la formulación de declaraciones que a la adopción de compromisos". La declaración ilustra el nuevo enfoque de la cooperación, sin detenerse en los viejos problemas de las barreras proteccionistas, los movimientos volátiles de capital o la deuda externa. El consenso insta a los jefes de Estado y de Gobierno de los países en desarrollo a que se comprometan en la lucha contra la corrupción, gestionar bien sus asuntos públicos, fomentar la iniciativa privada, buscar la sostenibilidad fiscal e invertir en infraestructuras; y a los países desarrollados a adoptar medidas concretas para dedicar el 0,7% de su PIB a ayuda oficial al desarrollo.

Reunidas en un evento paralelo en la misma ciudad 2.000 ONGs manifestaron su oposición al texto del consenso, declarando que "ha eludido cualquier compromiso y fracasado en el afrontar los problemas estructurales que impiden una globalización sostenible, sensible a las diferencias de género y equitativa". Las ONGs hicieron un llamamiento para un desarrollo centrado en las personas y no en el mercado. Presentaron, en este sentido, una serie de propuestas prácticas para mejorar la inversión privada en el desarrollo.

Al mismo tiempo el sector privado celebraba su propio Forum Internacional del Sector Privado para la Conferencia para estudiar sus implicaciones en el Consenso de Monterrey y el papel que las empresas deben jugar en esta nueva visión del desarrollo. Presentaron, en este sentido, una serie de propuestas prácticas para mejorar la inversión privada en el desarrollo.

En una de las mesas redondas interministeriales de la Conferencia oficial varios representantes hicieron un llamamiento a una mayor coherencia entre las instituciones de desarrollo y los gobiernos desarrollados. "Los países pobres ya han hecho sus tareas a la hora de desarrollar sus propias políticas -señaló la ministra de Cooperación y Desarrollo de los Países Bajos, Eveline Herfkens - Ahora los donantes tienen que apoyarles y financiar estas poíticas y programas. No pueden seguir dándoles con una manos mientras con la otra les quitan más".

Coherencia, en definitiva, que fomente consenso entre los distintos países y los distintos actores a la hora de dar rumbo al barco del desarrollo. Una meta que, parece generalmente aceptado, es perseguible sólo a través del diálogo participativo. Estructuras como la de la Red del sistema de Naciones Unidas para la seguridad Alimentaria y el Desarrollo Rural pueden ofrecer todas sus potencialidades para servir de forum a este debate.